Los derechos de un niño no pueden depender del contrato de sus padres

Columna de opinión

Los derechos de un niño no pueden depender del contrato de sus padres

Cada vez que discutimos sobre una política de sala cuna, el debate suele concentrarse en el financiamiento, las obligaciones de los empleadores o los efectos sobre el empleo.

Y esas son discusiones necesarias.

Pero tengo la impresión de que muchas veces olvidamos la pregunta más importante.

¿Qué necesitan los niños y niñas durante los primeros años de vida para desarrollarse plenamente?

Porque una política de sala cuna no es únicamente una política laboral.

Tampoco es sólo una política económica.

Es, antes que todo, una política sobre la primera infancia.

Y esa diferencia cambia completamente la conversación.

Los primeros años de vida constituyen una etapa irrepetible del desarrollo humano. Sabemos, desde la psicología, la neurociencia y la educación, que durante este período se construyen las bases del desarrollo emocional, del lenguaje, de la regulación de las emociones, del aprendizaje y de la forma en que una persona comenzará a relacionarse consigo misma y con los demás.

Por eso, cuando una sociedad legisla sobre sala cuna, no está discutiendo únicamente cómo financiar un beneficio laboral.

Está definiendo cuánto valor asigna a la infancia.

Y, en esa tarea, el Estado tiene una responsabilidad que trasciende la regulación.

Tiene el deber de garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación inicial de calidad, independientemente de las condiciones laborales o económicas de los adultos que los cuidan.

En este contexto, distintas organizaciones vinculadas a la educación parvularia han manifestado preocupaciones respecto de la actual indicación al proyecto de Sala Cuna Universal. Entre ellas, la Asociación de Funcionarios de JUNJI sostiene que la propuesta podría no fortalecer suficientemente la oferta pública, no asegurar el acceso efectivo en todos los territorios, permitir copagos y postergar el acceso para determinados grupos de trabajadoras, aspectos que —a su juicio— podrían afectar la igualdad de acceso y el fortalecimiento de la educación inicial pública.

No se trata aquí de adherir o rechazar cada una de esas observaciones.

Creo que el desafío es otro.

Preguntarnos desde qué principio queremos evaluar una política pública dirigida a la infancia.

Y, desde mi perspectiva, ese principio existe y ha sido ampliamente reconocido tanto por la evidencia científica como por el derecho internacional: el interés superior del niño.

Si el interés superior del niño constituye el principio rector de las políticas dirigidas a la infancia, entonces cada decisión sobre financiamiento, gradualidad, cobertura o fortalecimiento de la red pública debería evaluarse preguntándonos primero cómo afecta el desarrollo y las oportunidades de los propios niños y niñas, y no únicamente los costos o beneficios para los adultos.

Vista desde ese lugar, la discusión adquiere otra profundidad.

La gradualidad puede ser una herramienta razonable para implementar una política pública.

Pero la primera infancia no admite pausas.

El desarrollo infantil ocurre una sola vez.

No puede postergarse mientras esperamos que un sistema alcance su implementación completa.

Del mismo modo, el debate sobre el copago podría parecer una discusión exclusivamente técnica.

Sin embargo, también plantea una pregunta profundamente ética.

¿Qué ocurre cuando el acceso efectivo a una política que busca ser universal depende de la capacidad económica de las familias?

Si el ingreso de una familia determina las oportunidades disponibles durante la primera infancia, corremos el riesgo de construir un sistema donde la universalidad exista en el discurso, pero no necesariamente en la experiencia cotidiana de quienes más lo necesitan.

Y existe otro aspecto que me parece especialmente relevante.

Una política de sala cuna no debería limitarse a ampliar la cobertura.

También debería fortalecer la educación pública inicial.

Porque la educación parvularia no constituye únicamente un apoyo para las familias.

Es uno de los espacios más importantes para promover el desarrollo temprano, disminuir desigualdades y ofrecer oportunidades desde el comienzo de la vida.

Fortalecer esa red no significa solamente aumentar la oferta.

Significa fortalecer una de las principales expresiones del compromiso que una sociedad asume con su infancia.

Quizás esa sea la pregunta que debería orientar esta discusión.

No solamente cuánto cuesta implementar una reforma.

Ni únicamente cómo distribuir sus beneficios entre trabajadores, empleadores o el Estado.

Sino qué tipo de sociedad queremos construir desde los primeros años de vida.

Porque una sociedad demuestra cuánto valora a sus niños y niñas mucho antes de que ingresen al colegio.

Lo demuestra en las decisiones que toma para proteger su desarrollo, reducir las desigualdades desde el inicio y garantizar que las oportunidades no dependan del contrato laboral de sus padres, de su nivel de ingresos o del lugar donde nacieron.

Porque una política de sala cuna universal no debería medirse únicamente por la cantidad de cupos que crea.

También debería medirse por la capacidad que tiene de garantizar que todos los niños y niñas, sin excepción, puedan comenzar la vida con las mismas oportunidades de desarrollarse.