Cuando opinar también es una forma de violencia

Hace unos días, leí una noticia sobre un adolescente autista y cometí el error -o quizás tuve el acierto- de bajar a leer los comentarios. La noticia informaba que la Corte Suprema había ratificado la existencia de discriminación arbitraria en la expulsión de un estudiante autista de un establecimiento educacional. Es un caso complejo, como suelen serlo aquellos donde conviven inclusión, convivencia escolar, derechos, responsabilidades y situaciones de desregulación. Sin embargo, después de algunos minutos leyendo, la noticia dejó de ser lo que más me preocupaba.Fueron los comentarios.

Porque entre las opiniones sobre el colegio, la justicia o las circunstancias particulares del caso comenzaron a aparecer afirmaciones sobre los niños autistas en general. Comentarios sobre sus conductas, sobre si deberían estar en colegios regulares, sobre los problemas que supuestamente generan para sus compañeros y sobre una inclusión que algunos parecen entender como una concesión que hemos llevado demasiado lejos. Y entonces pensé que tenemos un problema que excede ampliamente al autismo.

Nos estamos acostumbrando a hablar de personas como si esas personas no pudieran leernos.

Las redes sociales han ampliado enormemente nuestra posibilidad de expresarnos, todos podemos opinar, cuestionar una decisión judicial, criticar una política pública o contar una experiencia personal. Y eso, en principio, es profundamente democrático, el problema aparece cuando confundimos el derecho a expresar una opinión con la idea de que cualquier forma de expresarla resulta igualmente válida. Porque detrás de una pantalla seguimos hablando con personas.

Probablemente muchas de las cosas que escribimos en redes sociales jamás las diríamos mirando a alguien a los ojos. Hay algo en la distancia digital que facilita esa desconexión, no vemos el rostro de quien recibe nuestras palabras, no observamos su reacción y tampoco tenemos que permanecer frente a esa persona después de haberla herido. El otro comienza lentamente a convertirse en una fotografía, un nombre de usuario, una opinión, un diagnóstico o una categoría.

Y cuando dejamos de ver a la persona, la violencia se vuelve mucho más fácil.

En el caso del autismo esto resulta especialmente preocupante. Es legítimo discutir sobre inclusión educativa, y también es necesario reconocer que existen desregulaciones y conductas que pueden ser difíciles de manejar dentro de una comunidad escolar, profesores, estudiantes y familias pueden vivir situaciones complejas y sus experiencias también merecen ser escuchadas.

Defender los derechos de una persona autista no significa negar esas dificultades ni sostener que un diagnóstico justifica cualquier conducta. Pero comprender no es justificar, y poner límites tampoco debería significar excluir.

Entre ambos extremos existe justamente aquello que llamamos inclusión, construir contextos capaces de comprender las necesidades particulares de una persona, establecer límites, anticipar situaciones de riesgo, generar apoyos y proteger simultáneamente a todos quienes forman parte de una comunidad.

El problema comienza cuando dejamos de discutir cómo hacerlo y empezamos a preguntarnos si determinadas personas deberían siquiera formar parte de esos espacios.

Porque un adolescente autista no es “los TEA”, un niño que se desregula no representa a todos los niños autistas, de la misma manera que una experiencia difícil con una persona nunca debería autorizarnos a construir una explicación o teoría sobre un grupo humano. Sin embargo, en las redes esa frontera parece desaparecer con facilidad.

Quizás quien escribe un comentario despectivo siente que simplemente está opinando sobre una noticia, pero se olvida que al otro lado de esa pantalla puede haber una madre que lleva años intentando encontrar un colegio donde su hijo sea recibido, un padre preocupado por cómo será tratado cuando crezca, un profesor que intenta construir una sala verdaderamente inclusiva o un adolescente autista leyendo lo que la sociedad piensa de personas como él.

Las palabras no desaparecen después de presionar “publicar”. Quedan ahí, circulan, se comparten, se acumulan y lentamente pueden transformar el prejuicio en sentido común.

Por eso la violencia en redes sociales no comienza necesariamente con una amenaza o un insulto explícito, a veces comienza mucho antes, cuando reducimos a una persona a su diagnóstico, cuando generalizamos una experiencia individual, cuando ridiculizamos una diferencia o cuando decidimos que nuestra rabia nos concede el derecho de olvidar que existe alguien al otro lado.

Tenemos derecho a estar en desacuerdo, tenemos derecho a cuestionar la inclusión, sus dificultades, sus errores y la forma en que nuestras instituciones la están implementando, incluso necesitamos hacerlo si queremos construir mejores comunidades educativas.

Pero ninguna discusión mejora cuando para defender nuestra posición necesitamos deshumanizar a otro.

Tal vez el desafío de nuestra época no sea aprender a comunicarnos más, nunca habíamos tenido tantas herramientas para hacerlo y quizás el verdadero desafío sea recuperar algo mucho más elemental, recordar que detrás de cada comentario, cada fotografía, cada diagnóstico y cada historia que aparece en nuestra pantalla sigue existiendo una persona.

Y que la libertad de decir algo nunca debería hacernos olvidar la responsabilidad que implica decírselo a alguien.